El Gobierno de Donald Trump quiere dictar cómo y dónde las compañías automotrices mundiales fabrican automóviles y sus piezas para asegurar un tratamiento libre de impuestos bajo el nuevo tratado comercial con México y Canadá, esto en su intervención más directa hasta ahora para administrar el comercio y la producción, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.

El tema se está discutiendo entre funcionarios de la administración Trump, miembros del Congreso y fabricantes domésticos y nacionales de automóviles en el contexto de la legislación que congresistas votarán para que el acuerdo comercial entre en vigencia.

La Casa Blanca quiere un lenguaje específico que le permita administrar unilateralmente las reglas de producción para las compañías.

El Tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (conocido como T-MEC en México y USMCA en inglés), firmado por el presidente Trump y sus homólogos en noviembre de 2018, todavía está esperando ser aprobado en el Congreso de EU. La Casa Blanca ha promocionado las nuevas reglas de producción para el sector automotriz como un área del acuerdo que es más beneficiosa para Estados Unidos.

Pero las compañías, legisladores e incluso la Comisión de Comercio Internacional de EU, en un análisis económico, advirtieron que las reglas son tan estrictas que resultarían en precios más altos y pérdida en ventas de automóviles.

Desaceleración en la fabricación

Este impulso se produce en medio del asalto de Trump a las cadenas de suministro que atraviesan China. E ilustra cuánto se ha alejado la administración de las formas de libre mercado de los republicanos y está dispuesto a emplear herramientas coercitivas en economías como la china para forzar la producción nacional.

También sucede mientras los aranceles del presidente en acero, aluminio y componentes importados desde China han contribuido a una desaceleración en la fabricación estadounidense, la cual ha comenzado a causar pérdidas de empleos en fábricas en algunos estados decisivos políticamente, cuando Trump entra en la oferta de reelección para 2020.

Las negociaciones sobre las reglas automotrices se llevan a cabo en paralelo a las discusiones que Robert Lighthizer, representante de Comercio de EU, tiene con demócratas de la Cámara baja sobre cambios que los legisladores están buscando en el nuevo TLCAN o T-MEC.

Los funcionarios de la oficina de Lighthizer se han reunido durante meses con ejecutivos de la industria automotriz para hablar sobre planes de transición de las empresas. Estos permitirían un periodo de gracia de hasta cinco años antes de que tengan que cumplir plenamente con las nuevas reglas para enviar productos libres de impuestos a través de las fronteras de EU.

Presión política

El acuerdo que firmaron los tres países se refiere a estos planes de transición como un “régimen alternativo de preparación” que cada país puede aplicar en una base productor por productor, dándole a la Oficina del Representante de Comercio de EU (USTR, por sus siglas en ingles) una amplia discreción para tratar a una empresa mejor que a otra.

Personas familiarizadas con las discusiones señalan que el lenguaje le da a la Casa Blanca la oportunidad de abusar del proceso de aprobación del plan de transición para presionar a empresas a realizar inversiones políticamente oportunas. Para evitar un proceso opaco en la intromisión de políticos, las compañías automotrices y el Congreso estadounidense están pidiendo a la USTR que se comprometa con reglas uniformes para que puedan planificar en consecuencia, y no tengan que temer por la retribución por abrir una planta en México, por ejemplo, en lugar de en EU.

Un portavoz de Lighthizer no respondió a solicitudes de comentarios.

Existe un precedente en la administración Trump para tratar de manera diferente a una compañía que a otra en sus diversas batallas comerciales. Apple, por ejemplo, recibió múltiples suspensiones arancelarias luego de que su director ejecutivo, Tim Cook, le pidiera personalmente al mandatario que excluyera algunos de sus productos de los gravámenes que impuso contra las importaciones procedentes de China.

Otra preocupación, indicaron las personas, es cómo la Casa Blanca tratará a las empresas que participan en litigios contenciosos sobre las normas de emisiones en California. La industria está dividida en el tema, con General Motors, Toyota, y Fiat Chrysler planeando ponerse del lado de la administración Trump sobre sus rivales.

El tiempo se acaba

La industria automotriz ha apoyado públicamente el T-MEC y está presionando para obtener una aprobación rápida, principalmente en aras de la certeza, la cual es muy necesaria en un entorno que se ha visto nublado por las múltiples amenazas de Trump de retirarse del acuerdo existente. Una salida del acuerdo dejaría más de un billón de dólares en el comercio anual entre los tres países en la balanza.

Pero el cumplimiento del acuerdo es mucho más difícil para las compañías automotrices debido a las normas que son más estrictas y que rigen si un carro o las autopartes califican como fabricados en Estados Unidos y pueden cruzar las fronteras sin aranceles.

Según el acuerdo, el 75 por ciento de un automóvil debe fabricarse en los tres países para calificar. También debe contener el 70 por ciento de acero y aluminio estadounidense, y el 40 por ciento debe fabricarse en plantas con un salario promedio de 16 dólares por hora o más. La última parte, en particular, está pensada para trasladar más producción e inversión a Estados Unidos y lejos de México.


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